El presidente de Brasil, Lula da Silva, sostuvo un encuentro con la canciller venezolana Delcy Rodríguez en Turquía, donde ambos dialogaron sobre la posibilidad de retomar las relaciones bilaterales al más alto nivel. En este contexto, Brasil ha manifestado su interés en enviar al ministro de Energía a Venezuela, evidenciando el renovado interés de Petrobras en los recursos petroleros del país caribeño. Estos movimientos diplomáticos representan un cambio significativo en las relaciones entre Brasilia y Caracas, sugiriendo una apertura al diálogo después de períodos de tensión.
Una investigación de Reuters revela que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance habría negociado un contrato petrolero con la empresa Vitol días antes de los eventos del 3 de enero. El informe se centra en las lucrativas licencias otorgadas por la administración Trump para comercializar petróleo crudo venezolano tras operaciones militares. Desde enero, el gobierno de Estados Unidos ha asumido el control directo de las ventas y comercialización del petróleo venezolano, determinando qué empresas pueden participar en la venta del crudo, consolidando un control sin precedentes sobre los recursos naturales de la nación.
Adicionalmente, reportes de Reuters señalan que la empresa israelí NewMed está en conversaciones para adquirir una participación del 60% en una petrolera venezolana, hecho que resultaría histórico dado que ningún país miembro de la OPEP ha permitido hasta la fecha que empresas petroleras israelíes operen directamente en sus yacimientos. Este movimiento refleja lo que analistas como Alex de Waal han denominado como "geo-kleptocracy", es decir, relaciones entre Estados que mezclan coerción, negocios opacos y lealtades compradas, por encima de consideraciones geopolíticas o ideológicas tradicionales.
En el ámbito interno, la Asamblea Nacional anunció la extensión del plazo para postulaciones a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hasta el 18 de noviembre. Mientras tanto, el Ejército de Liberación Nacional ha denunciado que los ataques con drones estadounidenses en territorio venezolano constituyeron una "masacre de población venezolana", argumentando que no hubo bajas de efectivos guerrilleros. Por su parte, el partido de Edmundo González Urrutia ha denunciado restricciones policiales a las visitas de abogados a personas en arresto domiciliario.
Fuente: El Universal — Ver nota original
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